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El Defensor del Pueblo Andaluz admite a trámite la denuncia de los profesionales sanitarios del Hospital de Montilla, Puente Genil y Peñarroya

PROVINCIA.    

• Solicitaron su mediación el pasado 5 de marzo, cuando acudieron a Sevilla delegados de SATSE.

Trabajadores de los Hospitales cordobeses de Montilla Puente Geníl y Peñarroya, informa SATSE, dependientes de la Agencia Sanitaria Pública Alto Guadalquivir, se desplazaron a primeros de marzo a Sevilla para hacer entrega en la oficina del Defensor del Pueblo, de un escrito dirigido a José Chamizo en el que le expusieron la discriminación de que son objeto al haberse eliminado por la Dirección de las Agencias, la bonificación retributiva a las reducciones de jornada por cuidados de hijos y familiares. Incentivos que si se mantienen en el Servicio Andaluz de Salud.

Al respecto informa SATSE que en el día de ayer 26 hemos tenido notificación del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que la denuncia planteada en su momento ha sido admitida a trámite, por lo que espera SATSE que las gestiones y recomendaciones de Chamizo ayuden a resolver una medida que introduce discriminación y arbitrariedad entre los distintos empleados públicos de la Sanidad Andaluza.
Recuerda SATSE que los trabajadores sanitarios de estos hospitales (el 80% son mujeres), “también quieren poder conciliar el trabajo con sus responsabilidades familiares, comprometidos activamente con el cuidado de sus hijos y de sus personas mayores, pero la Consejería de Salud les otorga derechos de segunda división, al discriminarlos respecto al Servicio Andaluz de Salud”..

Explica SATSE que, la Administración Sanitaria ha introducido arbitrariedad en las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, dificultando el uso de esta medida por parte de los/as trabajadores/as de las Agencias Sanitarias Públicas, y causando, a su vez, una grave discriminación y agravio comparativo entre los trabajadores y trabajadoras de organismos dependientes de la misma Consejería, ya que esta misma medida se ha seguido manteniendo en el SAS.

Hasta el momento en todo el Sistema Sanitario Público Andaluz (Servicio Andaluz de Salud y Agencias Sanitarias Públicas Andaluzas), dicha reducción de jornada contaba con una bonificación económica para paliar su efecto en la economía familiar y servir de incentivo para su uso en ambos géneros facilitando así la corresponsabilidad en el ámbito doméstico. Esta ha sido una medida impulsada por la Consejería de Salud en todo su ámbito autonómico, que sin embargo ahora eliminan sólo en el ámbito de las Agencias Sanitarias Públicas.
Ampliando la denuncia:

Por otro lado, SATSE asevera que en estos momentos está redactando una ampliación de la denuncia al Defensor del Pueblo, ya que también han detectado en el primer trimestre del año que aquellas profesionales que cursan baja por Incapacidad Laboral durante el embarazo sufren recortes en su nómina, algo que queda protegido por distintas instrucciones y normas en el resto del ámbito de las trabajadoras de la Junta de Andalucía. En este sentido SATSE traslada que los profesionales de las agencias sanitarias públicas andaluzas “se sienten castigados y perseguidos, ya que todos los recortes se les aplican amplificados, sin que conozcan que mal han hecho, y porqué desde Salud se les infravalora y relega, al no tratarles en igualdad con el resto del sector público”.

Algo que según SATSE atenta directamente contra los principios constitucionales, ya que la cruda realidad es que los trabajadores de las Agencias Sanitarias y el SAS tenían idénticas condiciones de trabajo en las reducciones de jornada por cuidados de hijos o familiares y en las Incapacidades Laborales, y tras la publicación del fatídico Real Decreto Ley 20/2012, unos conservan sus derechos y otros no, en función de trabajar en un centro u otro, siendo todos centros sanitarios de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Finaliza SATSE aseverando que si estas cuestiones no se resuelven solicitarán que retiren a los hospitales de las Agencias el reconocimiento o distintivo “optima” e “ igualem”, programas que otorgaban un sello o pus a empresas y entes que impulsaban la igualdad.

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