CONSUMO. La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía está desarrollando, a través de sus servicios provinciales, una campaña de inspección para comprobar la calidad, la seguridad y el correcto etiquetado de diferentes productos industriales que se encuentran a la venta en los establecimientos de Andalucía. En el marco de esta campaña está previsto realizar al menos 730 controles de etiquetado de productos, así como la toma de muestras de 40 productos para su envío al Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC), donde se realizarán pruebas para comprobar su seguridad y calidad.
El control de etiquetado de los productos tiene como finalidad verificar que se cumplen los requisitos básicos y generales de información que establece la normativa vigente. Las inspecciones se llevan a cabo en todo el territorio andaluz, con especial atención a las tiendas de precio reducido y bazares, y se dirigen a una amplia variedad de productos industriales no alimenticios como accesorios del hogar, artículos de limpieza, productos textiles, calzado, joyería y complementos, electrodomésticos, productos de comunicaciones (antenas, teléfonos, etc.), equipos de informática, fotografía y óptica, libros, materiales de construcción, artículos de protección individual, vehículos y otros.
En el caso de que se detecten irregularidades en los artículos que puedan afectar a la seguridad de las personas, se valora el riesgo y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar de la manera más ágil posible artículos inseguros, con la finalidad de poder adoptar medidas que impidan la comercialización de estos productos, ya sea a través de la inmovilización o la destrucción de los mismos.
Tanto en el caso anterior como si se detectan irregularidades de tipo informativo (por ejemplo, que el etiquetado no esté en castellano), se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para iniciar el oportuno procedimiento sancionador. Según la gravedad de la infracción, la ley establece sanciones que, para estos casos, pueden oscilar entre los 200 y los 60.000 euros.
Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2020, que, tras los ajustes realizados con motivo de las restricciones derivadas del Covid-19, comprende un total de 23 campañas que supondrán aproximadamente 5.600 actuaciones de control dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente.
