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Andalucía dedicará 1.485 millones de euros a las políticas de empleo y desarrollo empresarial

María Jesús Montero, durante la presentación de los presupuestos a los sindicatos

ANDALUCÍA.  

Las políticas de empleo y desarrollo empresarial supondrán 1.485 millones de euros en el año 2014, según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, durante la presentación del proyecto del presupuesto de Andalucía a los sindicatos CCOO y UGT, a los que ha trasladado que la creación de empleo y el impulso de la actividad económica, constituyen la "máxima prioridad" de las cuentas de la Junta para el próximo ejercicio.
 
La consejera ha defendido una política económica "al servicio de los ciudadanos", en la que, a pesar de la disminución de los recursos disponibles, Andalucía "prioriza las partidas destinadas a impulsar una recuperación sólida y duradera de la economía, la creación de empleo y la redistribución equitativa de sus beneficios a través del apoyo al estado del Bienestar y a la igualdad de oportunidades".
 
La apuesta del Presupuesto para 2014 por el empleo se manifiesta en que es la única política que sube claramente en el presupuesto para 2014, un 2,8%. Junto a ello, la consejera ha indicado que el próximo ejercicio se incrementa la dotación de programas como la Formación Profesional para el Empleo (3,8%) o el de inclusión social (15,7%). Asimismo, se destinan 200 millones a un Plan de Choque para sectores y colectivos prioritarios; se mantiene el Bono Joven, con una cuantía de 25 millones para incentivar la creación de hasta 6.250 empleos entre los más jóvenes, o la contratación de personas en riesgo de exclusión social, con 60 millones.
 
Montero ha apostado asimismo por un cambio en el modelo productivo "que prime la investigación así como la innovación, la creatividad y el capital humano", para hacer frente a un incremento de la competitividad y la productividad basado en la pérdida de derechos laborales y el empobrecimiento de las clases trabajadoras. En este sentido, ha reivindicado el papel de las organizaciones sindicales para defender el modelo de estado de derechos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos.

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